Suben las denuncias por violencia de género, pero bajan las solicitudes de protección

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Suben las denuncias por violencia de género, pero bajan las solicitudes de protección

Más denuncias y menos protección solicitada

Los órganos judiciales españoles recibieron 50.911 denuncias por violencia de género en el primer trimestre de 2026, un 6,36 % más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, las solicitudes de órdenes de protección bajaron un 2,5 %, hasta 10.853. La combinación de ambos indicadores dibuja una realidad compleja: más casos llegan al sistema judicial, pero no necesariamente se traduce en más medidas cautelares pedidas o acordadas.

El informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género cifra en 45.220 las mujeres que denunciaron como víctimas, un 3,75 % más. También recoge 15.474 sentencias dictadas durante el trimestre, de las que 12.655 fueron condenatorias, el 81,78 %. Las órdenes y medidas de protección acordadas fueron 7.417, un 1,8 % menos. Estos datos deben leerse con cautela: una subida de denuncias puede reflejar más violencia, mayor confianza en denunciar, mejor detección institucional o una combinación de factores.

Otro dato relevante es que 5.337 mujeres, el 11,8 % de las víctimas, se acogieron a la dispensa de declarar contra su agresor, un 8,63 % más. La renuncia o dispensa no puede interpretarse de forma simplista. En la violencia de género intervienen dependencia económica, miedo, presión familiar, hijos, convivencia, manipulación emocional y percepción de riesgo. Para el sistema, ese indicador recuerda que la protección de la víctima no depende solo de la denuncia inicial, sino de acompañamiento sostenido.

Las denuncias presentadas directamente por las víctimas representaron el 75,01 % del total, por encima del 70,49 % registrado un año antes. En cambio, las denuncias de familiares siguen siendo muy reducidas: 990, apenas el 1,94 %. Esa brecha muestra el peso que todavía soporta la víctima para activar la respuesta institucional. También apunta a la necesidad de que entornos familiares, sanitarios, laborales y educativos sepan detectar señales y actuar sin poner en mayor riesgo a la mujer.

La bajada de solicitudes de protección plantea preguntas que no se responden solo con el dato bruto. Puede deberse a cambios en la valoración de riesgo, a decisiones de las víctimas, a criterios jurídicos o a la naturaleza de los casos. Lo importante es que cada expediente reciba una valoración individual y rápida. Detrás de la estadística hay miles de mujeres y menores para quienes una medida cautelar, una llamada de seguimiento o una plaza segura pueden cambiar el desenlace.

Fuentes consultadas